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Inspectores de Hacienda quieren actuar de incógnito para conseguir pruebas de fraudes fiscales

Representantes de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han manifestado su determinación a favor de que se les permita actuar de incógnito para poder entrar en las empresas y conseguir pruebas de fraudes fiscales. También piden que se proteja y se pague con dinero público a las denunciantes de dichas situaciones de fraude.

La presidenta de IHE, Berta Tomás, ha declarado que quieren que se flexibilicen las autorizaciones “para entrar en algunas dependencias a las que no se puede acceder al estar legalmente consideradas como un domicilio de personas físicas.” Además de ello, también quieren que se garantice la protección de los confidentes y pagarles por su colaboración. 

En otra línea, los inspectores han propuesto que se fomenten programas específicos de actuación con el objetivo de terminar con las deslocalizaciones de personas físicas y jurídicas en otras comunidades autónomas. En palabras de Berta Tomás, “es el momento de regular la competencia entre comunidades autónomas que llevan a una tributación a la baja entre unas y otras.”

En cuanto a los paraísos fiscales, desde IHE plantean que se tendría que obligar a las entidades financieras con sucursales en dichos territorios a dar información sobre los titulares reales de las cuentas. Y si no lo hacen, para terminar con el fraude y la planificación fiscal agresiva plantean como solución que se les prohíba tener esas sucursales. En este sentido, reclaman que vuelva a establecerse una lista internacional de paraísos fiscales y territorios no cooperantes, y fijar una tasa sobre los movimientos de capital hacia o desde paraísos.

En relación al nuevo texto de transposición sobre el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (DAC 6), los inspectores de Hacienda han querido aclarar que la obligación de declaración de un mecanismo transfronterizo no implica por sí mismo que éste sea defraudatorio o elusivo, sino que presenta ciertas circunstancias que pueden ser indicios de planificación fiscal, y por ello se obliga a declarar.

Por último, desde IHE consideran necesario otorgar competencias a la AEAT (Agencia Tributaria) para que controle el uso abusivo de Instituciones de Inversión Colectiva, pues han comprobado que muchas de estas sociedades no cumplen el requisito mínimo de tener al menos 100 partícipes. Actualmente la AEAT no tiene la facultad de poder ejercer en este ámbito, ya que en 2005 se modificó la legislación al respecto y se le atribuyó esta competencia a la CNMV (Comisión Nacional de Mercado de Valores) en exclusiva. Por ello ahora la Agencia Tributaria pide que se le vuelva a otorgar.

Fuente: Transporte al día